4/11/2018. No puede construirse un mundo diferente por personas indiferentes. Este mensaje lanzado por la representante de una asociación de diversidad funcional viene a resumir el espíritu de la iniciativa inédita celebrada en el Ayuntamiento de San Vicente: una decena de representantes de distintos colectivos han hecho de concejales y han expuesto al Ayuntamiento sus reivindicaciones. Con el salón de plenos repleto de personas con diversidad funcional, el Equipo de Gobierno ha asegurado que recoge el guante y se pone manos a la obra. San Vicente no es indiferente.
Los colectivos APSA, ANDA, C.O. Maigmó, CIFFP Canastell, ADIEM, ASIGER, ADACEA y Tatiana Gadea a título personal han tenido voz en el pleno y han leído sus mociones a modo de reivindicación de medidas. Se han votado y han resultado aprobadas por unanimidad. Cada asociación o entidad de San Vicente vinculada a la Diversidad Funcional ha ostentando una concejalía y ha sometido sus mociones a la aprobación del resto de esta inédita corporación.
El objetivo es que la Administración local siga construyendo un municipio más accesible y con más oportunidades para toda la ciudadanía, con independencia de las capacidades de cada cual. Un objetivo compartido con el Equipo de Gobierno, que siempre ha tenido presente garantizar los derechos de todas las personas y construir un municipio más justo y cohesionado.
“Hoy es un día histórico para San Vicente, hemos escrito parte de la historia celebrando el primer pleno inclusivo en la historia del Ayuntamiento. Queremos construir un San Vicente del Raspeig más justo, más amable para todos, más participativo y más inclusivo”, ha dicho el alcalde de San Vicente, Jesús Villar, quien ha presidido este pleno extraordinario.
El Ayuntamiento quiere corregir la realidad social de los distintos colectivos de diversidad funcional de San Vicente, colectivos que suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso a la información o al transporte) y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para protegerlos.