25.09.2018. Los Socialistas proponen al Gobierno Central la redacción de un texto normativo más simple, cohesionado y menos voluminoso, que la vigente Ley de Contratos del Sector Público, que facilite la gestión contractual de los Ayuntamientos.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, estableció un nuevo régimen de aplicación a los contratos menores llevados a cabo por las entidades locales, figura contractual habitual en los Ayuntamientos. La nueva normativa “ha dificultado la gestión corporativa contractual” explica el portavoz socialista, José Luis Lorenzo, “al multiplicar las exigencias y requisitos procedimentales”.
Hasta la entrada en vigor del nuevo marco normativo, los Ayuntamientos podían firmar contratos directos para obras que no superasen los 50.000 euros y en servicios por un coste inferior a los 18.000 euros. Sin embargo, esas cifras se han visto reducidas con la nueva ley, pasando a 40.000 euros para las obras y 15.000 para los servicios.
“Con un significativo aumento de la carga de trabajo de los funcionarios municipales, lo que hace necesario una mayor dotación de recursos humanos especialistas en materia de contratación, hecho que choca frontalmente con la imposibilidad de contratación de personal necesario, debido a las restricciones que impone el Estado que no deja aumentar las plantillas”, explica Lorenzo.
Ante esta situación, y con el fin de facilitar la gestión contractual de los Ayuntamientos, el Grupo Municipal Socialista impulsa una moción, que llevará al pleno del mes de septiembre, solicitando una regulación más simple, cohesionada y menos voluminosa que facilite la gestión contractual y responda a los principios de integridad como mecanismo de lucha contra el fraude y la corrupción.
Además se pone de manifiesto la necesidad de flexibilizar las medidas de contratación de personal al servicio de las Administraciones territoriales, especialmente la local, mediante una nueva regulación de la Oferta de Empleo Público, que permita a los municipios adaptarse a las exigencias de la nueva ley, así como la necesidad de promover una regulación más detallada en relación a la Administración electrónica para que las entidades locales se incorporen de forma eficaz y eficiente.