08.05.2018. La sentencia del caso conocido como “La Manada” ha conmocionado España. Los cimientos de nuestro sistema jurídico han evidenciado grietas que hacen peligrar un barco, el de la tutela judicial efectiva, principio fundamental de nuestro ordenamiento legal, que amenaza con zozobrar de un momento a otro. Y las mujeres somos, una vez más, las víctimas, por no decir las presas, a merced de cualquier depredador, sea este o no lo sea, miembro de una manada.
Se nos olvida que durante el primer gobierno del presidente Rodríguez Zapatero se aprobó la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género, reconocida como una de las mejores leyes contra la violencia hacia las mujeres y que estableció un marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o excompañero sentimental de la víctima. Sin embargo, los asesinatos de mujeres no paran de sucederse.
Además, en mayo de 2011 España ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica. Fue en noviembre de ese mismo año cuando Rajoy desembarcó en el Gobierno Central.
¿Tenemos pues marco legal con el que luchar contra la violencia machista? Por supuesto que lo tenemos. ¿Qué falla entonces? A mi entender, hay una clara falta de voluntad política. Porque no sólo hay que decir, es imprescindible hacer, y las leyes cuyo cumplimiento no se pone en marcha son papel mojado.
En septiembre de 2017 se aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. De las 213 medidas que se pactaron, prácticamente ninguna se ha puesto en marcha. En el documento se incluye un compromiso de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años, lo que supone 200 millones anuales, sin embargo, el Gobierno ha consignado finalmente tan solo 80 millones. Si eso no es falta de voluntad política y tratar con desidia un problema de extrema gravedad, no sé qué otra cosa puede serlo.
Ni que decir de otras cuestiones como el compromiso de crear Juzgados de lo Penal especializados o formar en violencia de género a los profesionales que trabajan en ese ámbito. Sólo daré un dato al respecto: De los 345 Juzgados de lo Penal existentes en España, sólo 26 están especializados y no en todas las Comunidades Autónomas. O el descenso del 15 % de los Agentes de la Policía Nacional que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género desde que Rajoy es presidente.
Total, al final sólo se trata de la vida de las mujeres, ¿verdad? Y perdonen ustedes la ironía.
Desde el PSOE seguimos insistiendo, por todas las que ya no están y por las que seguimos luchando. El pasado 19 de abril de 2018, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una Proposición de reforma de la Ley Orgánica 6/1985 , de 1 de julio del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Las mujeres en España no sólo somos presas de las manadas, también lo somos del desinterés y la desidia del Gobierno del Partido Popular, de la falta de voluntad política del presidente del Gobierno y de la falta de financiación en cuestiones que lo único que consiguen es poner precio a nuestras vidas. Señor Rajoy, nosotras las mujeres seguimos esperando a que nuestra vida sea una prioridad para su Gobierno.
María Jesús Moreno
Secretaria de Igualdad y Movimientos Sociales PSOE San Vicente