La Sindicatura de Cuentas afirma que el velódromo de San Vicente carecía de un estudio de viabilidad económica. La construcción del Velódromo carece del preceptivo estudio de Viabilidad Económica y Social de las obras.
La Sindicatura de Cuentas considera que el Partido Popular no actuó de manera ajustada a la ley al adjudicar la gestión del Velódromo a la empresa Josector y Juan Luis SL. El objeto social que consta en su escritura de constitución «es el negocio inmobiliario, los bares y cafés y el comercio al por mayor de bebidas y tabaco”, por lo que la Sindicatura entiende que las prestaciones del contrato «no se encontrarían comprendidas entre los fines de dicha sociedad”. Además del objeto social de la empresa adjudicataria, la Sindicatura también ha consultado sus cuentas anuales y el Impuesto de Actividades Económicas, y «no guardan relación con la gestión de centros deportivos”. La adjudicación la realizó el grupo del PP en 2014.
El informe señala que la empresa Josector y Juan Luis SL. tendría que haberse excluido de la licitación, «que debería haber quedado desierta, a juicio de esta Sindicatura”, ya que incumple el artículo 57.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
El alcalde Jesús Villar, declaró que «los servicios jurídicos del Ayuntamiento tendrán que valorar las repercusiones legales de este informe”.
Desde la oposición se avisó de la inconveniencia de adjudicar a esta empresa una infraestructura millonaria pagada con dinero público, oponiendonos a la adjudicación y la Sindicatura de Cuentas ahora nos da la razón.
Estos reparos constan en el Informe de fiscalización de la actividad económico financiera del Ayuntamiento, que firma el Síndic Major Rafael Vicente Queralt. De la recepción del informe definitivo que ha enviado la Sindicatura de Comptes al Ayuntamiento de San Vicente se dará cuenta en el pleno ordinario del día 25 de noviembre y posteriormente se colgará en la página web del ayuntamiento.
La construcción del complejo deportivo sur, conocido como el Velódromo, finalizó en julio de 2013. Las obras costaron 5.490.986 euros. Se decidió entonces que la gestión del servicio público se hiciera mediante concesión. A la licitación se presentaron dos ofertas, de las cuales una quedó excluida porque la documentación no se ajustaba a los requisitos previstos en los pliegos.
A pesar de que la licitación debería haber quedado desierta según la Sindicatura, el ayuntamiento y Josector y Juan Luis SL suscribieron el contrato el 3 de octubre de 2014. El ayuntamiento percibe un canon de 9.000 euros a partir del segundo año de la concesión. La duración del contrato es de 10 años, prorrogables hasta 15 años.
La concesionaria quedó obligada a ejecutar inversiones por un importe de 554.794 euros para acondicionar las salas y pistas y ampliar el aparcamiento fundamentalmente.
La construcción del Velódromo carece del preceptivo estudio de Viabilidad Económica y Social de las obras.
Tras analizar las obras de construcción del Velódromo que llevó a cabo el Partido Popular en San Vicente, la Sindicatura de Cuentas, advierte que en cuanto a la necesidad y viabilidad económica y social de las obras, “en el expediente no consta que se hubiera efectuado un estudio de la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendían cubrirse mediante el contrato proyectado así como de la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas. Así lo marcan los artículos 1 y 22 de la entonces vigente ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
Un reparo que la Sindicatura de Cuentas pone a las obras de construcción del Velódromo, que fueron recibidas por el Ayuntamiento de San Vicente, entonces gobernado por el PP con mayoría absoluta, el 26 de julio de 2013. El importe finalmente ejecutado ascendió a 5.490.986 euros.
En el Informe de fiscalización de la actividad económico financiera del Ayuntamiento de San Vicente, la Sindicatura de Cuentas ha puesto numerosos reparos no solo al expediente que se refiere a la construcción, sino también a la adjudicación de la gestión del Velódromo a la empresa Josector y Juan Luis SL, por ser inexperta en la gestión de centros deportivos.
El objeto social que consta en su escritura de constitución «es el negocio inmobiliario, los bares y cafés y el comercio al por mayor de bebidas y tabaco”, por lo que la Sindicatura entiende que «esta sociedad debería haberse excluido de la licitación, que debería haberse quedado desierta, a juicio de esta Sindicatura”.